La transformación digital de los sistemas de identificación en Latinoamérica ha entrado en una fase decisiva. En 2025, la región se encuentra en un momento de transición entre los documentos de identificación físicos tradicionales y las nuevas soluciones de identidad digital, impulsadas por tecnologías como Wallets móviles y credenciales verificables. Aunque los avances son notables, el panorama sigue siendo heterogéneo, con diferencias significativas entre países en cuanto a regulación, adopción y madurez tecnológica.
Un contexto regulatorio en evolución
A nivel global, el Reglamento eIDAS 2.0 de la Unión Europea ha marcado un hito en la definición de estándares para la identidad digital, estableciendo el marco para la Cartera Europea de Identidad Digital (“EUDI Wallet”). Este modelo, basado en credenciales verificables y control ciudadano sobre los datos, está sirviendo de referencia para muchos países en el mundo, y en especial en América Latina que buscan digitalizar de forma segura sus sistemas de identificación.
En Latinoamérica, el marco normativo aún está en construcción. Algunos países han avanzado en la digitalización de sus documentos de identidad, mientras que otros se encuentran en fases preliminares de exploración o diseño institucional. La falta de una regulación regional armonizada dificulta la creación de ecosistemas digitales transfronterizos, aunque se observan esfuerzos de convergencia inspirados en el modelo europeo.
Colombia ha sido pionera en lanzar la aplicación “Cédula Digital” con validez legal. Permite esencialmente la identificación física de los ciudadanos para viajes domésticos. Chile dispone tanto de la aplicación “Cédula Digital”, que permite tener una representación digital de la cédula física, como de “Clave Única”, una aplicación móvil vinculada a la cédula que facilita el acceso en línea a servicios públicos y algunos privados. México está comenzando el despliegue de la CURP biométrica cómo su identidad nacional digital que se integrará con la plataforma de autenticación del estado, “Llave MX”.
En Argentina, existe la aplicación “Mi Argentina” que permite la identificación física, además portar el registro de conducir, la credencial de vacunación y otros.
Brasil, por su parte, ha lanzado el proyecto “Identidade Digital Gov.br”, que busca unificar documentos en una aplicación móvil, con integración progresiva en servicios públicos y bancarios.
Perú, pionero en la entrega de un documento de identidad con chip, está dando importantes pasos con el desarrollo de plataformas gubernamentales integradas, cuyo uso en trámites digitales está comenzando a consolidarse a través de la aplicación móvil “ID Perú”.
Costa Rica y Uruguay han avanzado en la implementación de plataformas de autenticación digital (como el sistema de identidad digital del Tribunal Supremo de Elecciones en Costa Rica o el sistema de identidad electrónica en Uruguay), aunque no han desplegado aún Wallets de identidad completos. Panamá, Paraguay y Bolivia han iniciado procesos de entrega de aplicaciones móviles para tener una versión digital del documento físico.
Ecuador, por su parte, ha desplegado recientemente su cédula digital vinculada a servicios públicos, que permitirá disponer de una representación digital del documento físico.
En El Salvador, existe la plataforma de Identidad Digital gestionada por el Registro de las personas, que realiza un KYC para la creación de la cuenta de los ciudadanos.
Por otro lado, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana no existe todavía una identidad digital disponible para la población, aunque en el caso de la Republica Dominicana se está trabajando en una iniciativa.
En Honduras se está implementando una billetera digital en colaboración con el Registro Nacional de las Personas. Por el momento se desconoce si la misma plantea un esquema alineado a estándares internacionales o se trata de una solución de ámbito local.
A nivel regional, también se observan algunas iniciativas tendientes a crear consenso en esta materia, como por ejemplo el proyecto de identidad digital de la Red Interamericana de Gobierno Digital (Red GEALC), que busca a través de la cooperación sentar las bases para el desarrollo de sistemas de identificación digital transfronteriza entre los países miembros de la Red, con el objetivo de permitir a los ciudadanos acceder a servicios digitales de otros países con la misma validez que en el suyo propio.
En todos estos países, el debate sobre identidad digital está ganando relevancia, y se observa una creciente voluntad política de avanzar hacia modelos más seguros, interoperables y centrados en el ciudadano. Pero en la mayoría de los casos hablamos aún de representaciones digitales del documento físico, con mucho recorrido todavía para alcanzar un verdadero ecosistema de identidad digital como el buscado con en la Unión Europea a través de la promulgación del Reglamento eIDAS 2.0.
Adopción ciudadana: entre la expectativa y la realidad
La percepción ciudadana sobre las nuevas formas de identidad digital está dividida. Vamos a centrarnos en aquellos países con soluciones ya disponibles para la ciudadanía.
En Colombia, por ejemplo, la cédula digital ha sido adoptada por más de un millón de personas, pero su uso activo sigue siendo limitado. La integración con servicios públicos y privados está en desarrollo, y aunque aún presenta desafíos, los esfuerzos institucionales están sentando las bases para una adopción más amplia.
En Chile, la nueva cédula electrónica ha sido bien recibida por los ciudadanos, pero su funcionalidad digital aún está en fase de despliegue. Sin embargo, “Clave Única” está ampliamente difundido y utilizado por la ciudadanía.
En México, los pilotos de credenciales digitales han despertado interés, especialmente en universidades y hospitales, pero la adopción masiva depende de la consolidación de una infraestructura nacional interoperable y de la nueva plataforma biométrica.
En Argentina, el DNI electrónico es ampliamente conocido, pero su uso como credencial digital en el móvil todavía no está extendido. Actualmente, muchos trámites continúan requiriendo el documento físico, aunque se observa una tendencia creciente hacia la incorporación del DNI electrónico como método de autenticación en servicios digitales.
En Brasil, la app “Gov.br” ha ganado popularidad, con millones de usuarios registrados, pero la identidad digital aún no sustituye plenamente al documento físico en trámites presenciales.
Perú distribuye documentos de identidad con chip desde hace años, pero la activación digital y el uso en servicios públicos para la ciudadanía es aún limitado. En Costa Rica, el sistema de autenticación digital del TSE ha sido adoptado por entidades financieras y algunos servicios públicos, pero no existe aún un Wallet ciudadano interoperable. Uruguay ha logrado avances significativos en autenticación digital, con su sistema de identidad electrónica, pero la integración con credenciales móviles aún está en fase de desarrollo.
En Ecuador, los planes de digitalización están en marcha, pero la adopción ciudadana dependerá de la implementación técnica y de la integración con servicios públicos y privados.
En general, podríamos sacar una primera conclusión sobre que la clave para avanzar está en la creación de valor tangible para el ciudadano: que la identidad digital no solo sea más segura, sino también más útil y accesible en su vida diaria. Esto implica que los gobiernos y empresas deben trabajar conjuntamente para garantizar que las credenciales digitales sean aceptadas en trámites reales, desde la apertura de una cuenta bancaria hasta la validación de identidad en servicios de salud o transporte.
Perspectivas para 2025 y más allá
La identidad digital en Latinoamérica está avanzando, pero aún enfrenta desafíos estructurales. La clave para su consolidación será la colaboración no solo entre gobiernos, sino también involucrando empresas tecnológicas y organismos internacionales, así como la creación de marcos normativos que garanticen interoperabilidad, seguridad y confianza.
En este contexto, las soluciones que logren combinar cumplimiento regulatorio, facilidad de integración y experiencia de usuario tendrán una ventaja competitiva. La región está observando de cerca el despliegue del EUDI Wallet en Europa, y muchas de sus iniciativas se alinean con ese modelo. Si se logra adaptar con éxito a las particularidades locales, Latinoamérica podría convertirse en un referente global en identidad digital inclusiva, segura y centrada en el ciudadano.
En Europa, el despliegue del EUDI Wallet —la Cartera Europea de Identidad Digital— está marcando un antes y un después en la forma en que los ciudadanos gestionan sus credenciales personales. Impulsado por el Reglamento eIDAS 2.0, este modelo establece principios claros de soberanía del usuario, interoperabilidad entre países y estandarización técnica, permitiendo que cada ciudadano pueda identificarse, firmar documentos y acceder a servicios públicos y privados con total seguridad desde su dispositivo móvil. La Unión Europea ha definido un marco común que incluye requisitos de certificación, formatos de credenciales verificables y mecanismos de autenticación robusta, lo que garantiza confianza jurídica y técnica en todo el territorio comunitario.
Este enfoque europeo puede servir como referencia para otras regiones, incluidas Latinoamérica, África y Asia, que buscan modernizar sus sistemas de identidad sin partir de cero. La estandarización fomenta la interoperabilidad transfronteriza, reduce los costes de implementación y permite que los proveedores tecnológicos trabajen sobre una base común, con el potencial de abrir posibilidades para facilitación del comercio, movimiento de personas y capitales entre otros. Además, al centrarse en el control ciudadano de los datos, el modelo europeo promueve la protección de los datos personales de los ciudadanos bajo una identidad digital ética, inclusiva y en general respetuosa de la privacidad. Si los países latinoamericanos logran adaptar estos principios a sus contextos locales, podrán acelerar la adopción de soluciones seguras y eficientes, fomentando la confianza digital y la transformación de sus servicios públicos. Además, el hecho de que Europa y América Latina compartan una tradición jurídica común basada en el derecho latino —centrado en la codificación, la protección de derechos fundamentales y la primacía del interés público— representa una ventaja adicional para adoptar marcos como el EUDI Wallet, ya que facilita la alineación normativa y cultural en torno a principios como la soberanía del ciudadano, la protección de datos personales y la interoperabilidad institucional.
Es importante destacar que hasta ahora estas iniciativas en Latinoamérica se han concentrado casi exclusivamente en el ámbito gubernamental, dejando al sector privado en un segundo plano. A diferencia del enfoque de la Unión Europea, donde existen directrices claras para la participación activa de empresas privadas en la identidad digital, en Latinoamérica todavía no se han definido marcos regulatorios ni incentivos concretos para fomentar la adopción y adaptación de estos sistemas en bancos, aseguradoras, comercios electrónicos u otros servicios. Esto limita el verdadero potencial de la identidad digital como herramienta de transformación transversal, pues mientras no existan políticas que promuevan la interoperabilidad y la confianza también en el sector privado, las credenciales digitales seguirán siendo soluciones aisladas, sin un impacto significativo en la economía digital regional. Para que la identidad digital sea un motor de innovación y competitividad, será imprescindible avanzar hacia normativas y modelos colaborativos que incluyan a las empresas en el ecosistema, permitiendo así que las personas puedan aprovechar plenamente los beneficios de una identidad digital universal, segura y aceptada en todos los ámbitos de su vida cotidiana.